José Manzaneda,
Coordinador de
Cubainformación.
Tras las recientes
elecciones de Venezuela, 8 personas partidarias del candidato chavista Nicolás
Maduro fueron asesinadas –6 por armas de fuego, dos arrolladas por un camión- a
manos de partidarios del opositor Henrique Capriles, quien no reconoce su
derrota electoral (1).
Estos 8 asesinatos de
militantes de izquierda –es decir, todos pertenecientes a una de las partes-
han sido, sin embargo, presentados por los medios internacionales como producto
del “enfrentamiento” entre bolivarianos y opositores. Esto decía Telecinco
(canal privado español): “Los enfrentamientos entre seguidores del oficialismo
y la oposicion, tras los resultados electorales, han provocado 61 heridos y hay
más de un centenar de detenidos” (2).
Algunos medios,
incluso, llegaban a presentar a Capriles como un supuesto “pacificador”, al
haber desconvocado una marcha de protesta. La periodista Arantxi Padilla, de
Euskal Telebista (televisión pública vasca), nos decía lo siguiente: “La Fiscal
General Luisa Ortega ha confirmado que hay ya 7 muertos, 61 heridos y 135
detenidos por enfrentamientos postelectorales. Es por ello que muchos piensan
que la decisión de Capriles de suspender esta marcha ha sido sensata, porque esto
ha provocado que las aguas se hayan calmado bastante” (3). En Antena 3 (canal
privado español) informaba así: “El opositor Henrique Capriles ha anulado la
marcha de protesta prevista para hoy, tras la muerte de al menos 7 personas por
enfrentamientos políticos” (4).
Los medios han
disfrazado con el eufemismo de “enfrentamientos postelectorales” toda una
estrategia de terror antichavista. Además de los 8 muertos, 61 personas
resultaron heridas, a una de las cuales se intentó quemar viva (5); 12 Centros de
Diagnóstico Integral (ambulatorios médicos) fueron incendiados, y pacientes y
personal cooperante cubano agredidos físicamente; se produjeron ataques a
supermercados estatales de la Misión Mercal, que distribuyen alimentos a
precios populares, así como a viviendas de la Gran Misión Vivienda, cedidas por
el Estado a familias sin recursos, y a sedes de empresas públicas como PDVSA y
Conatel; cinco medios comunitarios fueron parcialmente destruidos, y asediados
los canales de televisión Telesur y Venezolana de Televisión; viviendas de
concejales, vehículos oficiales y varias sedes del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) fueron incendiadas, y tiroteadas varias casas de gobierno; y
políticos, artistas y periodistas de izquierda sufrieron acosos, insultos,
amenazas y agresiones físicas.
Sin embargo, los
grandes diarios internacionales –que han silenciado todos estos hechos-
reiteran la tesis del país polarizado, fracturado en dos partes (6). Una tesis
que jamás aplican a otros escenarios electorales con resultados también
ajustados. Basta recordar el margen del 1 % con el que José María Aznar ganó en
España en 1996 (7); o el 2 % de diferencia entre Obama y Romney en las últimas
elecciones de 2012 (8).
El ejemplo de las
elecciones mexicanas de 2006, en las que la diferencia entre Felipe Calderón y
Manuel López Obrador fue del 0,58 %, 3 veces inferior a la de las recientes
elecciones en Venezuela, es ejemplo del doble rasero de los medios. Recordemos
un editorial del diario español El País que calificaba como "un gesto
peligroso en un país donde la violencia está a la orden del día" las
protestas del candidato mexicano de izquierda López Obrador ante las numerosas
pruebas de fraude (9). En el actual caso de Venezuela, sin embargo, el diario hace
una abierta apología de las denuncias y movilizaciones de la oposición
derechista (10).
El opositor Henrique
Capriles no acepta los resultados en los que salió derrotado por un margen del
1,59 %, a pesar de que el sistema venezolano –calificado como uno de los más
fiables del mundo por el Centro Carter- incluye por ley 14 auditorías (11). Una
de ellas ya abarcó el 54 % de todas las máquinas de votación, con técnicos y
testigos de todos los partidos políticos. Ahora el Consejo Nacional Electoral
ha aprobado realizar el 46 % restante (12).
El proceso fue
monitoreado por 170 acompañantes internacionales, entre ellos las misiones de
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur
(Mercosur), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el
Centro Carter de EEUU (13). Una representación del Congreso español, compuesto
por todas las fuerzas políticas, aprobó un texto en el que señala que “el
resultado electoral es fiable”, y que éste “debe ser el que emane del Consejo
Nacional Electoral” (14).
Uno de los rectores de
este Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, opositor al
chavismo, afirmó que el proceso "fue limpio" y que no tenía dudas
"del resultado (...) porque (el sistema de votación) ha sido auditado,
certificado y revisado en presencia de los testigos" (15).
Pero la violencia no
solo ha sido alentada por los políticos de la oposición, sino fundamentalmente
por los medios de comunicación del país, un 80 % en manos opositoras (16).
Un mensaje en las
redes sociales del periodista Nelson Bocaranda acusaba a médicos cooperantes
cubanos en Maracaibo de esconder urnas electorales (17). Poco después,
comenzaban ataques simultáneos contra al menos 12 centros médicos donde
atienden cooperantes de la solidaridad cubana. Recordemos que uno de los
mensajes de la campaña de Capriles fue la supuesta “injerencia” de Cuba en el
país.
Varios diarios
publicaban las fotografías de funcionarios quemando papeletas electorales,
presentándolas como prueba del supuesto “fraude”. Horas después, el Gobierno
aclaraba que correspondían a la destrucción legal de material tras las
elecciones del año 2007 (18).
Henrique Capriles
anunciaba en rueda de prensa que poseía numerosas pruebas del “fraude”. Una de
ellas era que en un centro electoral de Trujillo se habían contabilizado más
votos que electores. El Gobierno aclaró la trampa de Capriles: había eliminado
de su contabilidad una de las dos mesas de dicho centro electoral (19). Pero
los grandes medios privados venezolanos no informaron de estas aclaraciones.
El papel de
instigación de la ola de terror por parte de Henrique Capriles y la dirección
de los medios venezolanos representaría, en otros países del mundo, un delito
duramente penado. ¿Se hará justicia en Venezuela con las familias de las 8
personas asesinadas? ¿O la Justicia venezolana se arrugará ante la presión
mediática?
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